Los manifestantes en la movilización.

A tan solo 15 días de la firma del convenio entre el Gobernador José Alperovich con la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner; mediante el cual la Provincia recibirá un total de $120 millones para implementar el plan en la provincia, el descontento estalló entre los desocupados de las zonas más castigadas por la desocupación.

En una jornada de calor agobiante, organizaciones de desocupados de Leales, Los Ralos, Aguilares, San Pablo y barrios periféricos del Gran San Miguel de Tucumán, marcharon en la mañana de ayer desde el parque 9 de julio hasta Casa de gobierno, exigiendo la apertura de los cupos para la inscripción a las Cooperativas de Trabajo que, según denuncian, fueron ya asignados a familiares y colaboradores políticos de punteros y concejales.

En una semana de creciente tensión y salpicada de fuertes rumores de favoritismo político en la designación de beneficiarios, el conflicto estalló hace 4 días en la ciudad de Alderetes, donde vecinos se autoconvocaron ante la publicación de la primera lista de beneficiarios. Una situación similar, aunque de menor intensidad, se vivió en Yerba Buena, donde el Intendente Daniel Toledo tuvo que salir a reconocer que los disturbios de habían originado por inscriptos que no reunían los requisitos de ingreso, ya que eran beneficiarios de otro plan.

Es que los requerimientos para formar parte de las llamadas Cooperativas de Trabajo, excluyen a quien perciba cualquier otro plan social, pensión no contributiva o fondo de desempleo. El postulante percibirá $1.200 mensuales durante los seis meses que dure el Plan. Para ello deberán inscribirse en AFIP como monotributistas, renunciando así a los beneficios un trabajo en relación de dependencia de la Nación. También quedan excluidos quienes figuren, o hayan figurado anteriormente como monotributistas, lo cual margina a muchos trabajadores independientes que eventualmente prestan servicios en la construcción. El descontento fue creciendo a medida que los interesados se acercaban a las oficinas del Instituto de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), desde donde fueron derivados a los diferentes Municipios y Comunas, donde las inscripciones eran realizadas por conocidos punteros políticos. La creciente desocupación en la provincia generó que el cupo inicial de 150.000 puestos fuera ampliamente superado, y la publicación de las primeras listas de beneficiarios encendió la chispa del conflicto.

Durante la jornada de protesta frente a Casa de Gobierno, la numerosa presencia de delegaciones del interior de la provincia, puso al descubierto quizás el punto más débil del proyecto: el plan Argentina Trabaja está, por el momento, destinado al Gran San Miguel de Tucumán. Los desempleados del resto de la provincia deberán esperar anuncios que quizás se produzcan en enero o febrero del próximo año. Luego de la ruidosa manifestación, parte de la columna se dirigió a la sede del Ipacym, en Rivadavia 235 para exigir al Interventor Regino Racedo la reapertura de inscripciones en condiciones de transparencia, y la articulación del proyecto en el interior de la provincia. Ante la ausencia del funcionario, los manifestantes cortaron el transito y desplegaron nuevamente sus pancartas. Desde el Ipaym se anunció entonces que el Interventor recibiría a la delegación el viernes a las 12 hs. Con esta promesa los manifestantes se retiraron, aunque anunciaron que marcharán nuevamente este viernes en reclamo de sus derechos.

En un marco de acelerado crecimiento de los niveles de desocupación, el intento del Gobierno Provincial por provocar un descenso de 5 puntos en el índice oficial de desempleo (que según el INDEC ronda actualmente el 11,5%) deja al descubierto un interés probablemente más urgente: el de reforzar el propio aparato político ante un año promete fuertes conflictos sociales.